El principio y marco común tanto con respecto a la anterior Ley de Costas y Puertos 22/1988, de 28 de Julio, como con respecto a la actual Ley 2/2013, de 29 de Mayo, que modifica la anterior, es el artículo 132.2 de la Constitución Española por el que se establece que “Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.”

A nadie se le escapa que la mediación, en este primer tercio de siglo, tendrá que afrontar, especialmente en la UE, retos de suma importancia. Pero podemos afirmar también con total seguridad y rotundidad que la mediación en el sector de los seguros, seguirá existiendo fundamentalmente por tres motivos: porque es una profesión en si misma acostumbrada a vivir en eterna crisis; porque es y seguirá siendo un canal eficaz de venta de los productos de las compañías aseguradoras; y porque los asegurados siempre necesitaran quien les asesore y gestione en el ámbito asegurador sus necesidades de un modo profesional. Por tanto, podemos decir que tenemos mediadores de seguros para rato. Otra cosa es como y bajo que figuras quedará determinada la mediación.

A nadie se le escapa que existe una gran sensibilidad y preocupación, por parte de toda la mediación, ante el problema real creado por la forma de  operar por parte de algunas entidades bancarias y de ahorro a la hora de colocar productos no propios de su naturaleza financiera, como   son   las   pólizas   de seguros vinculadas   de   manera   obligatoria   y automática a los productos financieros ofrecidos a sus clientes.

En fecha 11 de febrero de 2012 entró en vigor el Real-Decreto Ley 3/2012 sobre medidas urgentes para la reforma laboral, siendo convalidado el mismo  por el Congreso de Diputados durante la primera semana de marzo del año en curso iniciándose con ello su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley.