Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana que declara nulo el ERE por extincion de contratos en C9 y Radio Nou

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Sentencia nº 2338/2013 del TSJ de la Comunidad Valencia de fecha 4/11/2003 recaída en Procedimiento Única Instancia  Nº 17/2012, por la que se declara NULO la decisión adoptada en fecha 21 y 22 de agosto de 2012 en relación a la medida de extinción de los contratos de trabajo de empleados de la plantilla del ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA y de la SOCIEDAD RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA SAU

Informe sobre el anteproyecto de Ley de Protección del Patrimonio cultural inmaterial.

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·         Regula la competencia de la Administración General del Estado de declarar 'Manifestación Inmaterial de la Cultura' a aquellas expresiones que superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.

·         Crea un Inventario Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, gestionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que será de acceso público.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el Anteproyecto de Ley de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, mediante el cual se regula de forma expresa esta materia y se dota a la Administración General del Estado de un mecanismo para proteger las manifestaciones que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Con este proyecto legislativo se da cumplimiento a la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, ratificada por España en 2006, y se sitúa a nuestro país a la cabeza de aquellos que dotan a la Administración General del Estado de un mecanismo para proteger las manifestaciones que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Sin perjuicio de las competencias autonómicas, concurrentes con las del Estado en la protección del patrimonio cultural, esta Ley atribuye a la Administración General del Estado competencias para adoptar medidas de salvaguarda y declarar la nueva categoría jurídica de protección denominada "Manifestación Inmaterial de la Cultura" (MIC) cuando:

·         Se trate de un patrimonio cultural inmaterial que supere el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma;

·         No pueda separarse del imaginario y la tradición española en su conjunto, sin estar vinculado a una región en particular;

·         Comporte diversas manifestaciones que merezcan una consideración unitaria, más allá de una o varias regiones;

·         Posea una especial relevancia y trascendencia internacionales.

Además, habilita un Inventario Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, gestionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que incluya las manifestaciones declaradas, tanto por las Comunidades Autónomas (BIC), como por la Administración General del Estado (MIC).

La Ley se limita a regular las actuaciones que puede desplegar la Administración General del Estado en la protección de los bienes inmateriales adaptándose a las peculiaridades derivadas de la naturaleza de este tipo de patrimonio.

Definición de la UNESCO

El Anteproyecto de Ley parte de la definición de patrimonio cultural inmaterial establecida por la Convención de la UNESCO. Se considera patrimonio cultural inmaterial "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas - junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural".

Este patrimonio presenta unas particularidades para su protección dado que no es conservable ni reproducible más que por sus propios protagonistas y que, junto con toda la sociedad, deciden el cambio o la permanencia de sus manifestaciones.

Ejemplos de patrimonio cultural inmaterial son las tradiciones orales, las artes de espectáculo, los usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y los saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Su salvaguarda constituye, por todo ello, un destacado factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente al fenómeno de la globalización.

 

 

Concurso culpable por falsificación de facturas

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El TS, en sentencia de 16 de julio de 2012 (2012/154589) desestima el rec. de casación interpuesto por el administrador de la empresa concursada contra la sentencia de la AP confirmó su condena como culpable del concurso por incluir facturas falsas y declaró su inhabilitación. El Juzgado calificó el concurso de acreedores como culpable y declaró como personas afectadas al administrador y apoderada, a quienes inhabilitó y condenó al abono de cantidades impagadas a los acreedores tras la liquidación, si bien la AP revocó la sentencia en el sentido de excluir a la apoderada de la declaración y reducir la condena dineraria a la mitad. El TS rechaza que exista una aplicación retroactiva de la norma respecto al art.172.2.2º LC -EDL 2003/29207- sobre la inhabilitación, tal como indica el administrador recurrente, porque las conductas determinantes de la calificación del concurso como culpable se realizaron o consumaron al solicitar la deudora la declaración del concurso, estando vigente la nueva legislación.