III Encuentro de magistrados, jueces de familia y asociaciones de abogados de familia. Conclusiones. Fuente SEPIN.

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Disfunciones y problemas existentes de la coexistencia de los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados de familia o civiles.

Declaración previa general.

Se aprueba por unanimidad.

Como ya se concluyó en el II Encuentro de Jueces de Familia-AEAFA, se ratifica la consideración de que el diseño competencial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer es inadecuado. Considerando la necesidad de articular vías que tiendan a erradicar o sancionar las conductas violentas atentatorias contra cualquier persona, se considera desde un punto de vista estrictamente profesional y sin connotaciones políticas, que la Ley ofrece una respuesta claramente precipitada, y plagada de deficiencias técnicas, necesitadas de una inminente modificación legislativa a la vista de los problemas de aplicación y consecuente inseguridad jurídica que está generando. Desde el punto de vista de las competencias civiles que la Ley atribuye a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, lejos de ofrecer una respuesta judicial única y especializada, objetivo que pretende justificarse con la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, van a coexistir Jueces de Violencia sobre la Mujer especializados, Jueces de Violencia sobre la Mujer que compatibilizan otras causas con las de violencia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Familia. A lo que hay que añadir que dado el caótico deslinde de competencias entre los Juzgados de Violencia y los Juzgados de Familia, el proceso puede verse dilatado en el tiempo por los avatares del proceso penal así como por las cuestiones de competencia entre distintos Juzgados, lo que supone un desalentador panorama no sólo para los operadores jurídicos, sino fundamentalmente para las víctimas.

En consecuencia, se acuerda solicitar del legislador la derogación de la Ley en cuanto a la atribución de competencias civiles a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, quedando como Juzgados penales, salvo las medidas civiles que puedan ser acordadas en una orden de protección. Se considera necesario que las competencias civiles retornen a la jurisdicción de la que nunca debieron salir, esto es, los Juzgados Civiles. Por ello, se acuerda reivindicar el aumento de la planta judicial de los Juzgados de Familia así como la creación de una Jurisdicción especializada de Familia.

No obstante la anterior declaración SE APRUEBAN de lege data, LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

1º. Legitimidad del reparto directo de las demandas por el Juzgado Decano a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Se considera que deben repartirse las demandas civiles dirigidas a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer directamente desde el Juzgado Decano. Se aprueba por unanimidad.

2º. De mantenerse las competencias civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se considera inadecuada la atribución de competencia a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer respecto de los procesos de filiación, maternidad y paternidad, así como los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción y los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, ya que por el tipo de procesos, será excepcional el caso de que concurran todos los requisitos necesarios para la asunción de competencia civil por los Juzgados de Violencia. Se aprueba por unanimidad.

3º. Se ratifica la conclusión adoptada en el II Encuentro de Jueces de Familia-AEAFA de que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deben asumir la competencia de los procesos de liquidación del régimen económico matrimonial, en aquellos supuestos en que dicho órgano judicial haya dictado la sentencia por la que se disuelva el mismo, con independencia del estado de las diligencias penales o incluso aunque no existan diligencias pendientes, por aplicación de lo dispuesto en el art. 807 de la LEC.

4º. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deben asumir de modo exclusivo y excluyente la competencia civil sobre la crisis familiar cuando el proceso penal concurrente se siga por falta. Se aprueba por unanimidad.

5º. En relación a la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en relación a los procedimientos de modificación de medidas, se ratifica la conclusión del II Encuentro Nota :

-Aun cuando la sentencia haya sido dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ha de entenderse que el juzgado competente es el Juzgado de Familia o de Primera Instancia que corresponda si, cuando se presenta la demanda de modificación, ya se ha extinguido la responsabilidad penal, o se ha dictado auto de sobreseimiento o de archivo, o sentencia absolutoria. Se ha de tener en cuenta en todo caso el carácter autónomo del procedimiento de modificación de medidas. Por ello, la competencia ha de ser examinada ex novo, aunque hubiesen existido actuaciones en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, si las responsabilidades penales hubieran quedado extinguidas o sobreseídas.

-En el supuesto de que la sentencia de separación o divorcio se hubiese dictado por el Juzgado de Familia o de Primera Instancia, será competente para conocer del procedimiento de modificación de medidas el Juzgado de Violencia sobre la Mujer si, cuando se presenta la demanda o en el transcurso del procedimiento, siempre antes del acto del juicio, se produce un acto de violencia sobre la mujer del que hubiera conocido dicho Juzgado de Violencia y cuando aún no se hubiera dictado auto de archivo, sobreseimiento, sentencia absolutoria o no se hubiera extinguido la responsabilidad penal en el caso de sentencia condenatoria.

6º. En cuanto al límite temporal para que el Juzgado Civil pueda acordar la inhibición a favor del JVM, referido en la Ley a "que se haya iniciado la fase de juicio oral.", Se aprueba por unanimidad la siguiente conclusión:

En los años de aplicación de la L.O. 1/2004, existen posturas doctrinales y jurisprudenciales, claramente contradictorias, en la interpretación del límite temporal del artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil: "salvo que se haya iniciado la fase de juicio oral". Esto da lugar a una flagrante vulneración de la seguridad jurídica y al retraso en la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos de los justiciables. Se hace, pues, imprescindible y perentorio, de no derogarse las competencias civiles de estos Juzgados, como se postula, una reforma legal que aclare de forma auténtica si la expresión a la "que se haya iniciado la fase de juicio oral" se entiende referida al proceso civil o al proceso penal.

Expuesto lo anterior, queda patente, la necesidad de una reforma inmediata, que debiera valorar el retorno de las competencias civiles atribuidas a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a los Juzgados Civiles, debiendo mantener el Juzgado de Violencia sobre la Mujer su competencia para la adopción de medidas de protección urgentes. Se aprueba por unanimidad

7º.-En cuanto a la comparecencia del apartado segundo del art. 49 de la L.O. 1/2004, se aprueba por mayoría de los asistentes que en relación con el artículo 49 bis 2) y la duda interpretativa sobre quién debe asistir a la comparecencia, se concluye que se debe citar a la comparecencia, además de al Ministerio Fiscal, a todas las partes, aunque no estén personadas.

Por unanimidad, se acuerda interesar del legislador la supresión de esta cláusula, dados los problemas interpretativos que suscita (¿cómo debe celebrarse la comparencia? ¿si la parte actora ha decidido no interponer denuncia, está obligada a declarar en un proceso civil sobre hechos que pueden ser determinantes del inicio del proceso penal? ¿el demandado tiene obligación de declarar?....). Se considera más adecuado y beneficioso para la víctima que se modifique la ley, en el sentido de que si el Juez de Familia tiene conocimiento de un hecho constitutivo de infracción penal, en este caso, de los sujetos a la Ley de Violencia, deduzca testimonio directamente al Ministerio Fiscal, a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos y decida sobre la posible interposición de denuncia.