Los estados miembros no pueden reservar la profesión notarial a sus nacionales

Posted in Noticia

El TJUE ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 y C-52/08, Comisión c. Bélgica, Francia, Luxemburgo, Austria, Alemania, Grecia y Portugal. La Comisión Europea ha interpuesto recursos por incumplimiento contra estos 6 Estados miembros por considerar que el hecho de que éstos permitan el acceso a la profesión notarial exclusivamente a sus propios nacionales constituye una discriminación por razón de nacionalidad prohibida por el Tratado CE.

Asimismo, la Comisión imputa a Portugal y a los Estados mencionados, con excepción de Francia, no aplicar a los notarios la Directiva 89/48/CEE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. La principal cuestión consiste en determinar si las actividades propias de la profesión de notario están relacionadas o no con el ejercicio del poder público en el sentido del Tratado CE, ya que éste dispone que las actividades que estén relacionadas con el ejercicio del poder público quedan excluidas del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento. El TJUE precisa en sus sentencias que los recursos de la Comisión se refieren únicamente al requisito de nacionalidad exigido por las normativas nacionales en cuestión para acceder a la profesión de notario y no guardan relación con la organización del notariado. Así pues, el TJUE analiza las competencias que éstos tienen atribuidas en los Estados miembros en cuestión y recuerda que únicamente las actividades que estén directa y específicamente relacionadas con el ejercicio del poder público pueden sustraerse a la aplicación del principio de libertad de establecimiento. A este respecto, el TJUE señala que la principal función del notario, en su calidad de funcionario público, consiste en la formalización de documentos auténticos; también señala que se autentifican los actos o los contratos libremente celebrados por las partes. Así pues, la función de autentificación atribuida a los notarios no está directa y específicamente relacionada con el ejercicio del poder público. El hecho de que determinados actos o contratos deban autentificarse obligatoriamente bajo pena de nulidad no desvirtúa esta conclusión, ya que no es infrecuente que la validez de diferentes actos esté supeditada a requisitos de forma o incluso a procedimientos obligatorios de validación. Por lo tanto, el TJUE considera que las actividades notariales no están relacionadas con el ejercicio del poder público en el sentido del artículo 45 del Tratado CE. En consecuencia, el requisito de nacionalidad exigido por la normativa de dichos Estados para acceder a la profesión notarial constituye una discriminación por razón de nacionalidad prohibida por el Tratado CE. Asimismo, el TJUE declara que, habida cuenta de las circunstancias particulares presentes en el proceso legislativo, se producía una situación de incertidumbre en la Unión en cuanto a la existencia de una obligación clara que impusiera a los Estados miembros la transposición de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales respecto de la profesión de notario, decidiendo finalmente desestimar la pretensión de que se declare que los Estados miembros habían incumplido las obligaciones que para los mismos se derivan de esta Directiva.