El arbitraje de eqidad en los arendamientos sometidos a la LAU

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                No vamos a entrar ahora y no se nos escapa que el sometimiento a la jurisdicción arbitral sirve para descongestionar la oficina judicial y por ende, agilizar las resoluciones en ambas jurisdicciones.


                Los contratos de arrendamiento sometidos a la LAU, por estar sometidos a una ley especial, ha hecho que se cuestione la posibilidad  de que las partes se sometan voluntariamente al arbitraje y de manera especial al arbitraje de equidad.

                Aunque hoy en día son cuestiones pacíficas en la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, es conveniente puntualizar:

b.Respecto a la LAU, son imperativas las normas relativas a su ámbito de aplicación y la calificación del contrato, pero no todas las normas relativas a viviendas (articulo 6 LAU). La existencia de normas imperativas y derechos irrenunciables (entre las que no se comprende la resolución contractual) determina solo que no cabe la disposición anticipada, pero no impide la sobrevenida o posterior, por lo que, no obstaculiza el arbitraje, incluso el de equidad, siempre que éste se desarrolle teniendo en cuenta y no contraviniendo la Ley que sea de imperativa aplicación.

c.Que es procedente el sometimiento al arbitraje de los contratos de arrendamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.5 de la LAU en relación con su D.A. 7ª y el artículo 2 de la vigente Ley de Arbitraje 60/2003 de 23 de Diciembre, en su apartado 1. Que en concreto, que cabe el arbitraje de equidad siempre que se respeten los derechos de las partes sustantivos y procesales; y que en particular procede resolver en equidad sobre la solicitud de desahucio de vivienda por falta de pago. Así se vienen manifestando, desde el año 2004, entre otros, los siguientes magistrados: Antonio Alcalá Navarro Sección 6ª AP Málaga; José Ignacio Álvarez Sánchez, Sección 4ª AP Asturias; Alfonso Barcala Fernández de Palencia, Sección 3ª AP Burgos; Joan Cremades Morant, Sección 13ª AP Barcelona; Antonio Ferrer Gutiérrez, Sección 1ª AP Valencia; Enrique García-Chamón Cervera, Sección 5ª AP Alicante; Ángel Vicente Illescas Rus, Sección 10ª AP Madrid; Pablo José Moscoso Torres, Sección 4ª AP Santa Cruz de Tenerife; Edmundo Rodríguez Achutegui, Magistrado Juzgado 1ª Instancia nº 10 Bilbao. Todo ello también, vista la generalidad con que se pronuncia el artículo 2.1. de la Ley 60/2003 de Arbitraje, en relación con el artículo 27.2 de la LAU y apartado 5 de su preámbulo, máxime si tenemos en cuenta que el título V de la LAU fue objeto de expresa derogación por la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, al disponerlo así su disposición derogatoria única.

d.Que igualmente, en base a la libertad de pactos y el principio general de renunciabilidad, la competencia territorial no depende del lugar de la finca según el artículo 52.1.7 de la LEC, siendo de aplicación el artículo 26 de la Ley de Arbitraje, en dicho sentido, la doctrina mayoritaria establece que no existe fuero imperativo del lugar de la finca, estando los árbitros facultados para decidir sobre su propia competencia y las partes para determinar libremente el lugar del arbitraje. A falta de acuerdo, lo determinaran los árbitros, atendidas las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes.

                En definitiva, el sometimiento a arbitraje de los contratos de arrendamiento no tiene ninguna dificultad técnico-jurídica, incluso si se trata de arbitraje de equidad, siempre que en en este tipo de arbitrajes como limite se tenga la ley especial de obligada aplicación. En la practica, por tanto, no hay gran diferencia en estos casos en cuanto a los arbitrajes en derecho o de equidad, siendo lo más importante su cumplimentacion para facilitar una previsible posterior ejecución en sede judicial.