La naturaleza jurídica de la relación del corredor de seguros con las entidades aseguradoras y con la clientela.

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Son muchos los interrogantes que plantea la posición del corredor de seguros respecto a su relación con las compañías de seguros y con los tomadores de seguros, en contraposición con la de los agentes de seguros, cuya posición no ofrece dudas. Como consecuencia de ello debemos plantearnos cuál es la verdadera naturaleza jurídica de estas relaciones, pues ello nos dará la respuesta a muchas cuestiones planteadas acerca de tales extremos, especialmente a los que se refieren a la vertiente práctica de la profesión.

Previamente debemos indicar que los corredores de seguros realizan una verdadera labor de mediación, puesto que ponen en contacto a las personas que quieren contratar un determinado seguro con las compañías que lo comercializan, percibiendo por ello una comisión. De esta doble relación del corredor de seguros se hace eco la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, en la definición que da de los corredores de seguros, diciendo que son aquellas personas, físicas o jurídicas, que realizan la actividad de mediación de seguros sin mantener vínculos contractuales que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo un asesoramiento independiente, profesional e imparcial a sus clientes.

Respecto de la primera de las relaciones aludidas, entre corredor-entidad aseguradora, dice la Ley que se regirá por los pactos que las partes acuerden libremente, para luego añadir que dichos pactos no pueden afectar, en ningún caso, a la independencia del corredor de seguros, ya que de modo contrario nos encontraríamos ante una causa de incompatibilidad. El vínculo entre el corredor de seguros y la compañía aseguradora es de difícil calificación jurídica, pues la intervención del mediador se extiende a lo largo de la vida del contrato de seguro intermediado, teniendo derecho a una retribución adicional por cada período de vigencia del contrato, en función de la labor de conservación de la cartera de clientes a favor de la aseguradora. Asimismo, observamos cómo la Ley no se pronuncia sobre la naturaleza jurídica del contrato, a diferencia de lo que dispone para los agentes de seguros, contrato que en la práctica conocemos como contrato o carta de condiciones y que, en realidad, no es más que un documento en el que se fijan las comisiones a percibir y se concede una clave al corredor. Precisamente fue la falta de regulación legal de estas relaciones la que motivó la redacción del Código de Usos existente entre el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

Por todo lo expuesto, podemos concluir que la relación que une al corredor de seguros con la entidad aseguradora es un contrato de mediación, que se rige por los pactos voluntariamente establecidos entre las partes, siempre que no vulneren los límites establecidos a la autonomía privada por el Código Civil. Se trata, en definitiva, de un contrato que tanto la doctrina como la jurisprudencia han calificado como un contrato atípico con características propias de los contratos de agencia, de corretaje y de  comisión mercantil.

Por su parte, la relación entre el corredor de seguros y el cliente plantea, en principio, menos problemática que la expuesta anteriormente, puesto que la Ley de mediación establece un régimen supletorio para regularla, estableciendo que dicha relación se regirá por los pactos que las partes acuerden libremente, remitiéndose en lo no previsto a la regulación que el Código de Comercio hace de la comisión mercantil. Sin embargo, esta normativa resulta de difícil aplicación al ámbito de la mediación de seguros, pues está pensada para otros usos, por lo que la relación que nos ocupa parece encajar más adecuadamente dentro del contrato de mediación o corretaje, con sus particularidades, ya que es un contrato por el que una persona se obliga a pagar una remuneración a otra para que ésta realice una actividad encaminada a ponerla en relación con un tercero, con el fin de concertar un contrato determinado en el que el mediador/corredor no interviene. Y decimos “con sus particularidades” puesto que, entre otras, el pago de la remuneración lo realiza la aseguradora, aunque con cargo a la prima satisfecha por el asegurado. Debido a ello, es aconsejable que se realicen contratos de mediación con la clientela donde se fijen taxativamente los pactos que van a regir la relación entre las partes.

Como observamos, lo antedicho es una materia que plantea numerosas cuestiones acerca de los derechos y obligaciones del corredor de seguros resultantes de su doble relación con las entidades aseguradoras y con su clientela. Por todo ello, unido al hecho de que dichas cuestiones no sean una novedad, sino que, al contrario, habían suscitado ya numerosos comentarios en el sector por su falta de regulación legal, llama poderosamente la atención que se haya desaprovechado la oportunidad ofrecida por la nueva Ley de mediación para regular y dar solución a tales cuestiones, zanjando de esta forma el debate existente.